Se propone crear un servicio dependiente del Ministerio de Justicia que ayudaría a progenitores a probar asuntos relacionados con la custodia de sus hijos.
Edita: Gabinete de Comunicación Bufete Velázquez 27. Editor César Tomás Martín, Socio Director.
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) celebró el pasado viernes un congreso anual en Madrid con el objetivo principal de que los investigadores puedan entrar a formar parte de la esfera pública de la Justicia llevando a cabo un servicio al ciudadano, a través de una especie de turno de oficio de detectives. Este servicio permitiría a los ciudadanos sin recursos contar con un profesional para probar su versión de los hechos en un proceso.
Esta propuesta sería de gran utilidad en el caso de procesos de divorcio, puesto que ayudaría a las partes sin posibilidades económicas aprobar hechos relevantes para su caso. “Nos pueden contratar para ver si el excónyuge que tiene que pasar la pensión, pero alega insolvencia, tiene realmente carencia de ingresos; o viceversa, para comprobar si la receptora de la misma realmente la necesita. En el caso de los niños, nos llegan muchos casos para tener pruebas de sus sospechas de mala custodia”, afirman dichos detectives privados.
Sin embargo, en la APDPE son conscientes de que la Administración de Justicia difícilmente podrá sufragar sus servicios, equiparándolos a los letrados, peritos o procuradores, como pretenden.
Edita: Gabinete de Comunicación Bufete Velázquez 27. Editor César Tomás Martín, Socio Director.
